==== PRACTICAS HABITUALES DEL GOBIERNO MEXICANO ====
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México, DF, 22 mayo 08 (CIMAC).- Impunidad y falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en los hechos de Atenco, Oaxaca y Chiapas continúan siendo la constante en México, pese a las recomendaciones que en varias ocasiones ha emitido la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), instancia que hoy en conferencia de prensa definió la situación de los derechos humanos en nuestro de país como “extremadamente crítica”.
El sexto informe de la CCIODH, producto de su sexta visita a México en febrero de este año, fue presentado este mediodía a los medios de comunicación y en él se señala que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura es una práctica del gobierno actual, situación que compara con la “guerra sucia” de la década de los setenta.
Además, Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos de España, enfatizó que hay “un cuestionamiento” internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio.
“Sí, entendemos que está presente en la opinión pública y que sería bueno que el gobierno mexicano diera una muestra de voluntad más firme en este sentido y atender estos casos”, enfatizó.
También destaca “la apuesta” de Calderón de utilizar al Ejército mexicano en su “estrategia” para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y en el control de fronteras, así como la presencia de grupos paramilitares y parapoliciales en comunidades indígenas de Chiapas y Oaxaca.
La CCIODH ha señalado que resulta preocupante que se continúe tratando de “justificar” la presencia del Ejército bajo el argumento de los conflictos intercomunitarios, como ocurrió con la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinadas 47 personas, en su mayoría mujeres y niñas.
El informe critica las reformas al sistema de justicia penal impulsadas por el gobierno de Calderón, ya que señala “suponen la legalización” de prácticas atentatorias contra los derechos humanos, pero en especial manifiesta su preocupación por el delito de “instigación a la violencia”.
Como parte de las recomendaciones, la CCIODH exhorta a hacer una revisión a fondo del sistema y nombramiento así como el tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y nacional de derechos humanos con el fin de conseguir una “confianza” a la labor que desempeñan. “Actualmente muy desacreditada”, enfatiza.
Finalmente, pide las siguientes reparaciones: moral, emocional de las personas afectadas, del daño comunitario, económico, legal, social e histórico en nuestro país.
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